En el caso de petrolíferos, asociaciones empresariales estadounidenses han denunciado discriminación por parte del Gobierno mexicano en el otorgamiento de permisos de importación y plantas de almacenamiento de combustibles.
“Es contradictorio que el discurso en Washington haya sido de apertura y de inversión y al final del día no se está dando, estas empresas eventualmente podrán emprender alguna acción legal”, comentó Marcial Díaz, socio del despacho de abogados Lexoil Consultores.
En el documento, el Gobierno expone que no se descartaría una nueva reforma energética para concretar el rescate de Pemex y CFE.
Al respecto, Díaz explicó que el proceso legislativo sobre una reforma de carácter constitucional considera varias etapas, y tendrá que transitar por ambas Cámaras, dentro de sus respectivas comisiones y pleno, así como ser aprobado por los Congresos locales.
El proceso podría llevar de nueve meses hasta un año, explicó.
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