La actividad de expendio al público de gasolinas y diésel en México ha dejado de ser una simple transacción comercial para convertirse en el epicentro de una compleja batalla regulatoria. Las recientes visitas de verificación y la ola de clausuras abren un debate impostergable en el sector: ¿estamos presenciando una legítima defensa del consumidor y de la seguridad nacional, o una estrategia de presión institucional que raya en la asfixia operativa?
La intervención de dependencias y órganos reguladores como la PROFECO, la CNE, el SAT y la ASEA, no solo es legal, sino indispensable. Desde una perspectiva técnica, las inspecciones bajo la NOM-005-ASEA-2016 son herramientas preventivas vitales para la gestión de riesgos y la seguridad industrial en instalaciones que manejan sustancias inflamables; un criterio de orden público respaldado firmemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La paradoja digital y la desproporcionalidad
Sin embargo, el diablo está en los detalles y, sobre todo, en la desproporcionalidad de las sanciones. El marco normativo actual permite que fallas administrativas menores o discrepancias técnicas mínimas –muchas veces provocadas por variaciones térmicas naturales en los tanques y volumétricos– deriven en la clausura inmediata del establecimiento.
La paradoja más crítica del día a día operativo es que los inspectores federales suelen rechazar sistemáticamente las versiones digitales de los permisos oficiales que las propias dependencias gubernamentales generan. Esta desconexión entre la digitalización del Estado y la verificación física en sitio traba la operación legal de forma absurda.
Esta campaña de fiscalización, que acumula cerca de 80 clausuras de estaciones de servicio en los últimos dos meses, se ha concentrado prioritariamente en corredores comerciales de alta densidad vehicular. Marcas e importadores internacionales, así como establecimientos con precios finales más elevados, han sido los objetivos principales.
Aquí radica otra gran inconsistencia: el gremio gasolinero decidió apoyar la política energética del gobierno federal mediante pactos de precios para contener la inflación en la gasolina regular y el diésel, sacrificando y estrechando sus márgenes de utilidad. A cambio, el sector no encuentra reciprocidad ni homogeneidad en los criterios que se ejercen durante las visitas de inspección.
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