Si bien el Gobierno mexicano negoció para incluir en el T-MEC que el país mantenga la soberanía de sus recursos energéticos, el acuerdo también garantiza la protección de las inversiones de las partes, brindando buenas prácticas regulatorias, así como un trato no discriminatorio. En ese sentido, cualquier medida o acción tomada que vaya en contra de las reglas derivadas de la reforma energética puede ser apelada por los inversionistas ante cortes internacionales, de acuerdo con expertos.
Marcial Díaz, socio de Lexoil Consultores, aseguró que las acciones tomadas por el Gobierno para privilegiar a Pemex y CFE derivarán en controversias en juzgados internacionales, donde las compañías manifiesten que no existen condiciones de respeto al estado de derecho en México.
“Distintas agrupaciones han pedido que se respete el estado de derecho, que se dé seguridad jurídica a los que ya están y que se respeten sus negocios al amparo de un marco normativo vigente”, dijo. Díaz aseguró que una forma de evitarlo sería atendiendo al compromiso adquirido con el T-MEC, sobre un trato no discriminatorio.
“El privado no es el enemigo, es un aliado”, aseguró. Iván Alemán, socio de la firma A&S abogados, agregó que las acciones tomadas por la actual administración van en contra del T-MEC, lo que incluso podría derivar en un ahuyento a la inversión. “Sin duda, hay preocupación, las propias cartas lo manifiestan, la política pública de la actual administración, que se traduce en un ordenamiento jurídico o en una norma, no es consistente con el T-MEC”.
“Eso, pensando que exista la confianza para continuar, porque también las empresas podrán analizar el costo de salida en un momento dado implicará negociaciones, dependiendo del tipo de proyecto”, indicó. Además consideró que hay una paradoja entre las acciones tomadas por el Gobierno en su política energética, pues mientras las firmas extranjeras cuentan con los mecanismos que ofrece el T-MEC, los inversionistas nacionales quedan desprotegidos.
