La estrategia del gobierno federal para combatir el huachicol fiscal y la comercialización ilegal de combustibles comienza a cambiar de foco. Después de varios años de apostar por medir los litros que entran, salen y se almacenan a lo largo de la cadena de hidrocarburos, las autoridades buscan ahora seguir la ruta del dinero mediante las facturas y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las empresas detectadas no necesariamente tienen como actividad principal el comercio de combustibles. Se trata de sociedades que pueden operar con una razón social que les permite realizar actividades comerciales diversas y que, de acuerdo con especialistas, pueden utilizar esa estructura para documentar operaciones de combustible de procedencia ilícita.
En ese esquema, una empresa puede dedicarse formalmente a vender artículos de papelería y después aparecer como comercializadora de gasolina o diésel, aunque no cuente con un permiso de comercialización de la CNE. Su papel consiste en emitir un CFDI que permita al comprador acreditar fiscalmente la adquisición del combustible.
Marcial Díaz, socio de QUA Energy Consulting, explicó que una empresa puede comercializar bajo cualquier razón social, mientras que sus clientes pueden desconocer que la operación requiere autorización específica.
“Si esa empresa que compra el combustible no está en el sector, no sabe si esa comercializadora requiere permiso (de la CNE), es algo muy particular y no es de conocimiento general. Entonces la empresa ‘X’ vende combustible al amparo de su razón social y se lo vende a una empresa ‘Y’ cuyas actividades no están relacionadas con el sector y no están inmiscuidos en la regulación”, dijo en entrevista.
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