“Hoy los autoconsumos no tienen permisos, solo hay 326 permisos de autoconsumo vigentes, y se estima que hay miles regados a lo largo del país. Ahora lo que se va a buscar es ayudarlos a regularizarse pero seguramente habrá que pagar una multa y las multas son millonarias”, expuso Marcial Díaz, socio de QUA Energy Consulting.
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Con este programa de registro de instalaciones de despacho de autoconsumo de petrolíferos, la CNE busca regularizar esta actividad bajo el nuevo marco regulatorio.
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Las reglas que alista la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para expedir permisos para comercializar petrolíferos, imponen requisitos adicionales excesivos que complican la entrada de las empresas al sector, y, de aprobarse bajo esos términos, generaría una lluvia de amparos, advirtieron expertos.
Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), explicó que las empresas deben acreditar que no han sido sancionadas por la Profeco, que no han sido investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de que no cuenten con procesos por infringir la Ley Federal para Prevenir Delitos en materia de Hidrocarburos. Las compañías también deben acreditar que no enfrentan una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“La regulación se hace más robusta, pero también se complica porque hay más autoridades que tienen que opinar y allí el proceso puede tardar más”, dijo durante un seminario virtual organizado por la Onexpo.
“La función de la SFP, la UIF o la FGR no es contestar consultas de la CRE sobre los antecedentes de las empresas, por eso pueden pasar meses sin que haya respuesta y mientras no contesten la Comisión no puede subir el expediente al pleno”, afirmó.
Carlos Vallejo, experto de Lexoil Consultores, afirmó que en 2021 la CRE canceló 168 permisos de comercialización de petrolíferos, y después no se aprobaron más.
“Actualmente hay 559 permisos vigentes y tiende a disminuir, ya sea por incumplimiento, revocación, o porque la CRE no está otorgando y está siendo más estricta, terminando con el piso parejo para la industria”, afirmó. “Imponer estos requisitos es un atentado frontal y una violación a la propiedad industrial y comercial que vulneran información de datos personales, y obstaculizan las barreras para competir”, aseveró.
Dijo que la información comercial de las empresas podría caer en manos de la competencia, y ello podría crear distorsiones en el mercado. “Si el documento se publica habrá una serie de impugnaciones, en caso de que la CRE no atienda los comentarios de las empresas”, agregó.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya prepara nuevos requisitos para que comercializadores privados cumplan con un almacenamiento mínimo para cinco días y tengan equipos de control volumétrico de combustibles, medidas que estaban suspendidas desde 2017 por falta de infraestructura. Conforme dos anteproyectos de la CRE presentados el 26 de julio y el 1 de agosto, que están en consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, las nuevas disposiciones aplicarían para obtener permisos, comercializar y distribuir combustibles.
“Lo más delicado es que la CRE va a poder establecer nuevos controles que los regulados tienen que reportar semanalmente y se retoma el tema de la política de almacenamiento”, aseguró Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético. Esta política se planteó por primera vez en diciembre de 2017, pero no se aplicó porque el único que tenía instalaciones para almacenamiento era Pemex. Sobre los controles volumétricos que exigió el SAT, señaló Díaz, no se tienen agentes autorizados para la instalación y control de los equipos.
Los permisionarios también están obligados a informar su margen comercial, su política de descuentos y contratos de suministros.
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