Al menos 32 empresas han solicitado amparos contra la política de almacenamiento de la Secretaría de Energía, que arrancó el pasado 1 de julio. El amparo que buscan es principalmente por deficiencias de origen y falta de claridad en la implementación. Marcial Díaz, director del despacho Lexoil, dijo que las empresas que buscan ampararse son pequeñas y grandes transnacionales.
“El amparo no quiere decir que no tengas que cumplir con la política, quiere decir que si hay temas en los cuales no está perfeccionada la política, jurídicamente se podría ganar tiempo”, dijo Díaz.
El recurso fue presentado el 7 de julio pasado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y busca evitar el cálculo del nivel de inventarios mínimos, equivalente al promedio de las ventas de combustible de noviembre de 2019 a mayo de 2020, multiplicado por el número de días obligados. Sin embargo, el juzgado no consideró urgente la solicitud de amparo de Pemex.
“No tiene congruencia lo que hace Pemex, porque por un lado se quiere amparar y por el otro lado quiere vender ‘tickets’. Si tú te amparas es porque la disposición agrede los derechos que tienes como permisionario. “Pemex salió a ofertar ‘tickets’ sin asegurar que tiene la infraestructura para ello”, dijo Díaz.
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